El espectro de los escándalos sobre irregularidades en la administración pública parece extenderse cada vez más, como si las políticas que implementan el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Comisión Nacional de Ética sólo ejercieran un débil efecto en la conciencia de un segmento del personal estatal.
Si se tomasen como ejemplo sólo las denuncias que atañen al Poder Ejecutivo, los casos sobran. El más recordado quizás es el contrato de préstamo con la empresa Sun Land, una transacción por US$130 millones que se cuestionó porque, para su conocimiento y posterior aprobación, no se envió como corresponde al Congreso Nacional.
Pero lo que podría quedar en el olvido es el primer enfrentamiento entre varios funcionarios por una licitación internacional para crear la plataforma tecnológica del denominado “Gobierno Electrónico”.
Entre la nominilla y el desayuno escolar. De los cinco años consecutivos de gobierno del presidente Leonel Fernández, el 2008 fue el más prolijo en términos de denuncias sobre acciones dolosas.
En el mismo proceso electoral de ese año se supo que cientos de peledeístas cobraban sin ejercer ninguna función pública a través de una nómina que era conocida como Comité de Base (CB).
La denuncia, hecha por la periodista Nuria Piera, tuvo una reacción en la Junta Central Electoral, entidad que dispuso, pasado un tiempo, la suspensión de ese mecanismo.
Piera también denunció que la leche servida en el desayuno escolar -y que el gobierno compra a la empresa Ladom- no contenía los nutrientes requeridos.
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